- Michoacán se ubica entre los tres primeros lugares en el país con el mayor porcentaje de menores de edad que contraen matrimonio forzado.
La legisladora Adriana Hernández Íñiguez presentó una iniciativa para castigar a quienes fuercen a hacer vida marital a menores de dieciocho años o personas que no tienen capacidad para comprender el signifcado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.
Compartió que de acuerdo con el Informe Anual 2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada año 12 millones de niñas contraen matrimonio antes
de cumplir 18 años; mientras que otros 150 millones de niñas más corren peligro de contraer matrimonio desde ahora hasta 2030 siendo aún menores de edad.
“A pesar de que el matrimonio entre menores está prohibido en Michoacán, la práctica continúa aunque disfrazada bajo ciertos eufemismos. Y sus consecuencias más graves son el abandono escolar, la violencia doméstica y los embarazos tempranos”, apuntó Hernández Íñiguez.
Expuso que las entidades con el mayor porcentaje de menores de edad en la condición referida son: Durango, con 29.2 %, Chihuahua, con 18.8 %, Michoacán con 10.4 % y Sonora y Puebla, ambas con 8.3 %.
La diputada también presidenta de la Comisión Legislativa de Protección a la Niñez y Adolescencia, recordó que en noviembre de 2021 los medios de comunicación dieron a conocer que una menor de catorce años fue encarcelada en Guerrero tras resistirse a contraer matrimonio sin su consentimiento. De acuerdo con la información publicada, Anayeli “N” se habría escapado para evitar ser vendida y casada con otro menor de dieciséis años a cambio de unos 10 mil dólares que serían pagados a su familia que vive en la comunidad indígena de Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande.
“Esta es sólo una historia de muchas; y en este mes de abril que celebramos el Día de la Niña y el Niño, lejos de festejar debemos de trabajar para que los derechos de la niñez se garanticen y se logre su desarrollo integral, porque falta mucho trabajo por hacer”.
La iniciativa presentada por Adriana Hernández propone que se modifique el Código Penal para el Estado de Michoacán y así establecer penas de prisión y monetarias en contra de el o la responsable del delito de “cohabitación forzada”.
“Se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientas unidades de medida y actualización de multa. La pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana”, finalizó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
