POR MÓNICA GUERRERO mgroruiz@gmail.com
Derecho de admisión
El fin de semana pasado San Pedro Nuevo León, lugar especial para disfrutar la ciudad y sus espacios, un organismo público discriminalizó a Garza García, y canceló un evento de lectura de cuentos y poemas que ellos mismos habían organizado para el 23 y el 30 de abril, en el marco de la celebración del Día del Niño, en el Parque El Capitán a cargo de Drags y la comunidad LGBT+ de Monterrey.
Por medio de la plataforma citizen.gob.org al menos 800 vecinos del Parque y ciudadanos firmaron la petición dirigida al Alcalde Miguel Treviño "para impedir el adoctrinamiento de los niños por medio de las Drag y la comunidad LGBT contando historias y cuentos en parques públicos".
En respuesta, el municipio no sólo can- celó, sino que dijo tratarse de una confusión y por medio de grupos de WhatsApp dije- ron admitir "que no se hizo una revisión adecuada de los contenidos" por su parte. Además de que, si bien estaban a favor de la inclusión y la libertad de expresión en los espacios públicos, reconocían que "los espacios y la audiencia no eran los más adecuados para estos contenidos".
Hechos como el del fin de semana pasa do perpetúan la invisibilización y la violencia contra esta comunidad en Nuevo León. Más aún, les da a los intolerantes el privilegio de reservarse el derecho de admisión.
En Nuevo León, la Encuesta Nacional 2021 contabilizó a 286 mil 490 personas que se autoidentificaron con una sexualidad no normativa o convencional. Esto lo coloca como la quinta entidad federativa con mayor población LGBTIQ+ en México.
Pese a lo anterior, en nuestro Estado prevalecen la intolerancia y la discriminación contra todo aquel que se atreva a ser distinto.
Hace apenas tres años, por ejemplo, Nuevo León fue uno de los pocos que impulsó el "PIN parental", una iniciativa que buscaba bloquear temas de educación sexual y de equidad de género en las escuelas y que fue luego declarada inconstitucional.
Además, aquí no se reconoce el matrimonio igualitario, aunque desde 2019 la Suprema Corte invalidó las leyes de Nuevo León que lo impedían.
Incluso, por más increíble que parezca, cuando se prohibieron las "terapias de con- versión" hubo quienes calificaron la decisión del Congreso como un ataque a su libertad de expresión y culto y persecución.
Dos de cada 10 nuevoleoneses consideran por los intolerantes. que las poblaciones LGBTIQ+ no deberían de tomarse en cuenta en las decisiones gubernamentales, mientras que siete de cada 10 considera que se justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan como pareja, de acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis).
No sorprende entonces que Nuevo León se haya posicionado como uno de los 10 Estados del País con mayor número de ataques violentos contra la comunidad LGBTIQ+ durante 2022, de acuerdo a la investigación del portal Visible.
Y por eso no es de extrañarse, aunque no menos indignante e inaceptable, que un municipio metropolitano les niegue la posibilidad de participar en un espacio y evento público.
En una administración que ha defendido sus proyectos pese a la resistencia de los vecinos, ¿por qué no se defendió una agenda tan necesaria como ésta?
Si 4 de cada 10 lesbianas, gays y bisexuales y 6 de cada 10 trans se dieron cuenta de su orientación sexual antes de los 7 años, ¿no son justamente estos espacios y estas audiencias las adecuadas para hablar sobre familias y personas diversas?
En un Estado tan profundamente discriminatorio y violento contra la comunidad LGBTIQ+, ¿ qué está esperando San Pedro para defender el "progresismo" con el que se describen?
Quienes cancelaron el evento nos "piden" tolerar su intolerancia. Pero como bien lo defendió el filósofo austriaco Karl Popper, cuando una sociedad es ilimitada- mente tolerante al final ésta es destruida
A quienes hoy se niegan a compartir un parque público, el mensaje debe ser claro y contundente: la ciudad no les pertenece.
