-Apuntó que este jueves fueron aprobados por el Pleno dos dictámenes elaborados por la Comisión de Justicia, uno de ellos con la Comisión de Educación, sobre diversas reformas de Ley planteadas por integrantes de la actual Legislatura

La Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, evidencia su compromiso con la protección de los grupos vulnerables, con un trabajo de dictaminación de las iniciativas para su atención y defensa, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, quien forma parte de dicha Comisión.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó que este jueves fueron aprobados por el Pleno dos dictámenes elaborados por la Comisión de Justicia, uno de ellos con la Comisión de Educación, sobre diversas reformas de Ley planteadas por integrantes de la actual Legislatura.

“Sin duda la labor legislativa es una acción conjunta, en la que debe existir un compromiso de suma de quienes integramos la Legislatura para hacer posible que aquellas iniciativas que son presentadas puedan cristalizar en norma viva y efectiva”.

Apuntó que este jueves el Pleno dio luz verde al dictamen que contenía reformas a la Ley para la Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán.

“Con esta reforma se garantiza que los servidores públicos otorguen un trato digno, apropiado y libre de violencia institucional a las personas adultas mayores; garantizando además que éstas gocen del acceso a la justicia de manera eficaz, sin que se dificulten o dilaten innecesariamente los procedimientos para tal fin”.

Asimismo señaló que el Pleno camaral, determinó aprobar el dictamen elaborado por las Comisiones de Derechos Humanos y Educación por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

“A través de esta modificación a la Ley, se establecen mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección, los casos de ausentismo, abandono o deserción escolar, que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior y que aplique los procedimientos necesarios para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.