-Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor Superior de Michoacán informó que el órgano fiscalizador ha venido fortaleciendo sus capacidades de tal manera que el número de auditorías practicadas se ha incrementado en un 169.3%
La Auditoría Superior de Michoacán cumple en tiempo y forma con su labor fiscalizadora, atendiendo al cien por ciento los planes anuales de fiscalización de la Hacienda Estatal y Municipales para el ejercicio fiscal 2021, así como los mandatos específicos realizados por la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Así lo informó Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor Superior de Michoacán quien apuntó que el órgano fiscalizador ha venido fortaleciendo sus capacidades de tal manera que el número de auditorías practicadas se ha incrementado en un 169.3 por ciento en cuatro años.
Refirió que mientras para la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 se realizaron 163 auditorías, para el de 2019 crecieron a 221, y para las correspondientes al ejercicio fiscal 2021, sumaron un total de 439.
“Uno de los ejes rectores en el actuar del órgano fiscalizador es la transparencia, de ahí que toda ciudadana y ciudadano que esté interesado en conocer los resultados de la fiscalización que hemos realizado, puede consultarlos a detalle en el portal oficial de la Auditoría Superior de Michoacán”.
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda refirió que en total son dos mil 678 observaciones preliminares las contenidas en el Informe sobre la Fiscalización a la Cuenta Pública Estatal del 2021, así como de las Municipales, de las cuales mil 983 corresponden al ámbito municipal y 695 al estatal.
En el caso de la Cuenta Pública Estatal, apuntó que los hallazgos más recurrentes corresponden a recursos ejercidos que fueron asignados a programas sin evidencia documental sobre su justificación, faltas de comprobantes digitales, pagos de recargos por compromisos de impuestos fiscales no atendidos y algunos otros.
Por lo que toca al ámbito municipal, señaló que los hallazgos más recurrentes corresponden a recursos ejercidos sin evidencia física y comprobatoria de su aplicación, así como falta de transparencia en la programación y destino de los recursos.
