En reunión de trabajo del GIO, López Solís refrendó que la FGE es y será una aliada del Ejecutivo Estatal y las autoridades de seguridad y justicia para abatir la incidencia delictiva.

Durante la reunión de trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís, refrendó el compromiso de trabajar en estrecha coordinación con el Ejecutivo Estatal y las instancias de seguridad de todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer acciones que garanticen el acceso a la justicia a las y los habitantes de los municipios que conforman la región de Jiquilpan.   

En el marco de este encuentro realizado en este municipio, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la FGE, expuso que es a través del trabajo coordinado y la colaboración de las distintas autoridades, como se pueden impulsar estrategias que coadyuven a abatir la incidencia delictiva y cerrar paso a la impunidad.

Como parte de los acuerdos alcanzados en este encuentro, se estableció la implementación de una agenda de acciones puntuales para atender la problemática en cada municipio de la región, de acuerdo a las facultades de cada una de las instituciones.

El Fiscal General sostuvo que la FGE, tiene clara la responsabilidad de hacer cumplir su función sustantiva a través de la adecuada investigación y persecución del delito, por ello, con base a sus facultades, ha instruido a las y los titulares de las diversas áreas a redoblar esfuerzos y no desistir en su actuar con la finalidad de mejorar indicadores y generar certeza en los resultados.

A las autoridades presentes, López Solís agradeció el respaldo que se ha brindado a la institución a su cargo, a quienes reiteró su disposición de continuar trabajando bajo esta línea de respecto a las facultades y estrecha comunicación. 

Asimismo, coincidieron que para mejorar las condiciones de vida de las personas se requiere del compromiso recíproco e institucional orientado a fortalecer la confianza ciudadana para promover la cultura de la denuncia, servicios especializados y atención con perspectiva de derechos humanos que garantice el debido proceso.