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Se
emite la siguiente información por considerarla de interés público
Como lo dicta el
propio Código Nacional de Procedimientos Penales en sus diversos apartados, las
juezas y jueces de oralidad penal del Poder Judicial Michoacán actúan con
imparcialidad, generan las condiciones necesarias para el correcto desarrollo
de las audiencias y garantizan el respeto a los derechos humanos de las partes
en las diferentes etapas que integran un proceso penal.
Lo anterior, en
todos los asuntos sometidos a su consideración. Por tratarse de un caso de
interés público, se emite la siguiente información referente al desarrollo del
juicio oral derivado de la causa penal 1404/2020 de la Región Morelia, seguida
al acusado Diego U.M.M. por el delito de feminicidio de Jessica G.V.
Desde la
judicialización del caso, el área de Gestión del sistema de justicia penal
acusatorio adversarial oral ha realizado lo conducente en los tiempos que
señala el propio Código Nacional, tanto para la calendarización y programación
de audiencias, como para ampliar la duración de cada sesión.
Asimismo, el
principio de publicidad que implica la presencia en las salas de oralidad de
medios de comunicación y ciudadanía interesada, hace posible la observancia
directa del actuar tanto de los jueces, como de los servidores públicos de las
instituciones involucradas, de la propia defensa y otros participantes.
En específico, se
han agendado 16 sesiones de audiencia, 14 de las cuales se han desarrollado y 2
no fueron efectivas debido a que la defensa no compareció, por lo que el juez
de la causa impuso las multas correspondientes y dio vista a la Fiscalía
General del Estado por abandono de la defensa, dado que en Michoacán esto es
constitutivo de delito.
En esta etapa de
debate de juicio, hasta el momento se han producido 66 horas de debate; se ha desahogado
el testimonio de 35 personas, incorporando la prueba documental y material que
a cada una de ellas corresponde, y quedan por comparecer 42 testigos.
El Poder Judicial
de Michoacán reitera el compromiso con la sociedad de que los jueces y juezas
se conduzcan en todo momento con profesionalismo, con sujeción a la ley, con
autonomía e imparcialidad.
