En Michoacán el incumplimiento en las pensiones alimenticias oscila en un 80 por ciento en las decretadas por sentencia, y en un 50 por ciento de las establecidas por convenio, afirmó el diputado Erik Juárez Blanquet, tras señalar que es necesario que desde la LXXIV Legislatura Local se avalen las iniciativas de reforma promovidas para fortalecer los derechos de los menores.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado señaló que al interior de la actual legislatura se han promovido diversas propuestas encaminadas a que la ley proteja con mayor rigor los derechos de los menores y quienes incumplan con las responsabilidades de alimentación y manutención, sean sancionados.
Refirió que es apremiante que dichas propuestas prosperen al interior de la LXXIV Legislatura Local, pues el incumplir con dicha obligación representa un atentado contra los derechos fundamentales de la niñez consagrados en nuestras normas.
Erik Juárez recordó que con la intención de evitar la evasión de responsabilidades y burla de la ley, propuso la creación de un buró de deudores alimentarios a través de un Registro Estatal, ante lo que planteó reformar el Código Familiar del Estado, y crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Michoacán.
Además reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, el Código Penal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, la Ley de Obra Pública, y el Código Electoral del Estado, para dar vigencia a los efectos que tendrá para un deudor alimentario estar dentro del Registro de Morosos.
Con dicha reforma el diputado independiente plantea que un deudor alimentario moroso que aparezca en el Registro, esté imposibilitado para ser electo a un cargo de elección popular, también estarán imposibilitados a prestar servicios con las entidades y dependencias de la administración estatal y municipal.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solamente servirá para tener una base de datos estatal, sino que además, con la ayuda y colaboración de diversas instancias gubernamentales, permitirá la implementación de medidas preventivas y coactivas para dotar de las herramientas necesarias a la autoridad jurisdiccional en el cumplimiento de la ejecución de las resoluciones que decreten la pensión alimentaria provisional o definitiva y así garantizar el pleno acceso a la justicia que consiste en el hecho de que lo que está en la ley se cumpla.
“Nuestro deber como legisladores es tomar las medidas pertinentes para solucionar el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria puesto que todas las normas que regulan los problemas inherentes a la familia se consideran de interés social y de orden público”.
