Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Se realizó con baja respuesta y pocos participantes el Dialogo en el Contexto de la Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas convocado por la Subsecretaria de Derechos Humanos , Población y Migración.
En un ejercicio que pretendió incitar a periodistas, medios de comunicación, activistas sociales y defensores de los derechos humanos; el Gobierno Federal, La Fiscalía de Michoacán así como la Secretaría de Gobernación se reunieron en Casa Michoacán en un Foro de Dialogo y Participación con el objetivo de hacer un intercambio de información y recopilación de ideas para la Creación de la Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Con dos días de interacción, se intervino con experiencias, cuestionamientos y propuestas, trabajando para la elaboración del Diagnostico del Estado de Michoacán en Materia de Alertas de Género, Violación de los Derechos Humanos, Peligros que Corren los Activistas y Periodistas al ejercer sus actividades, Desaparecidos y su Búsqueda, Migración Forzada, Refugiados, Secuestro y en general todas los daños y riesgos que sufren los defensores de derechos humanos y periodistas, muertes y/o homicidios.
Se hablo de la necesidad de Denunciar por parte de Victimas y violentados de los siniestros, así como la eficiencia e ineficiencia de las autoridades michoacanas para resolver y darles seguimientos a los distintos casos.
La participación de presentes y activos vía redes sociales ayudó para asimilar la problemática real que se vive en el Estado de Michoacán en Materia de Seguridad y Justicia.
Cabe señalar que este ejercicio se ha venido realizando en algunos otros Estados de la Republica como Jalisco, Baja California o Morelos, con el mismo objetivo, aportar y dialogar a cerca de las necesidades preventivas y de protección que requieren, al ejercer su labor periodistas y defensores de los derechos humano, con la finalidad de mejorar los mecanismos necesarios para optimizar los sistemas judiciales y de investigación en el Estado.
