La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores. La Alta Comisionada y expertos en derechos humanos subrayan la magnitud de la tragedia y la falta crónica de justicia, pugnando por poner fin a ese crimen y resarcir los derechos de las víctimas.
De 1964 a la fecha han desaparecido 100.000 personas en México, según informó ayer el gobierno actual del país en sus cifras oficiales. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron este martes una gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos, que siguen ocurriendo.
“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo Michelle Bachelet en un comunicado.
Los datos desagregados del registro nacional mexicano indican que cerca de la cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres y que un 20% era menor de 18 años cuando desapareció.
Los números también muestran que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública.
De 1965 a 1990, durante la llamada “guerra sucia”, las desapariciones respondían a motivaciones políticas principalmente. En cambio, después de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por Calderón.
El Comité y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones citaron en una declaración conjunta que en una visita oficial a México en 2011 , todavía con el gobierno de Calderón, las cifras oficiales daban cuenta de más de 5000 desaparecidos o “ausentes” sólo en ese año.
Un decenio más tarde, en noviembre de 2021, en otra visita, las personas desaparecidas inscritas en el registro llegaban a 95.000, con cien de ellas sucedidas durante las poco más de dos semanas que el Comité estuvo en el país.
Tanto la Alta Comisionada como los expertos advirtieron que muchas veces las desapariciones no se denuncian, con lo cual el total de personas cuya suerte se ignora podría ser más alto.
Bachelet destacó que, pese a la abrumadora cantidad de casos de desaparición, sólo en 35 ocasiones se ha condenado a los perpetradores, una tasa de impunidad que atribuyó, sobre todo a la falta de investigaciones efectivas.
Para el Comité y el Grupo de Trabajo, las 100,000 desapariciones registradas oficialmente en México “son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país”.
La falta de justicia deja solas a las familias de las víctimas, que sufren enormemente la ausencia de sus seres queridos y buscan saber lo que pasó.
En este sentido, Bachelet señaló que en su visita a México en 2019 observó “la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de la problemática” en el país.
Rindió homenaje a los familiares que por décadas han perseverado en busca de la verdad y la justicia, y se refirió particularmente a la labor de Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús fue víctima de desaparición forzada en 1975. A partir de entonces, Rosario Ibarra de Piedra luchó incansablemente por los derechos de las víctimas de ese abuso y ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias. Doña Rosario murió el mes pasado.
Medidas en la dirección correcta
Por otra parte, la Alta Comisionada reconoció que las autoridades mexicanas han dado pasos importantes para combatir el flagelo, como la aprobación de la Ley General de Desapariciones, al igual que la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados y del Centro Nacional de Identificación Humana.
Del mismo modo, mencionó, entre otras instancias, las comisiones para examinar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo de la guerra sucia, de 1965 a 1990, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático de 2014.
Recalcó también el reconocimiento por el gobierno de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el carácter vinculante de las Acciones Urgentes que éste dispusiera, siendo el primer país que permitiera la visita de ese grupo de expertos.
Las familias deben estar en el centro
Para que las medidas tomadas den frutos, Bachelet exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios.
Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
El Grupo de Trabajo y el Comité aunaron sus voces a la de la Alta Comisionada urgiendo al país a prevenir y erradicar las desapariciones y la impunidad que las envuelve.
“La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”, apuntaron.
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