A pesar de que Texas es el segundo estado de la Unión Americana, con mayor presencia de la comunidad mexicoamericana con casi 8 millones de personas, representando el 28% de la población texana, la mayoría de sus gobiernos recientes, con la excepción de George Bush, podrían ser calificados como antiinmigrantes mexicanos. El gobernador actual, Greg Abbott, es quizá uno de los que más. Las pruebas abundan.
Ciertamente, sus acciones recientes son guiadas por el deseo de reelegirse y, como parte central de esas estrategias, oponerse a Joe Biden a quien acusa de manera casi personal del desorden en la frontera con México, de la que Texas ocupa gran parte. Bajo esta perspectiva sería un asunto de política interna. Para hacer evidente que el gobierno federal estadounidense no hace lo suficiente, envió un camión con migrantes indocumentados capturados en la frontera texana a la capital estadounidense. En realidad, es más que un asunto interno de Estados Unidos.
Otra de sus medidas, con impactos devastadores para México fue la imposición de inspecciones intencionalmente lentas y exhaustivas a camiones de carga que vienen desde México. Estas inspecciones provocan que estos camiones no pueden entrar de manera ágil y que se queden en México provocando todos los problemas posibles. El daño económico y a la vida fronteriza, entre otros, es enorme. El gobernador lo sabe y dice sin rodeos que esto es para presionar a que se haga más, en México y en Estados Unidos, para controlar y detener los flujos migratorios. La escuela Trump. O detienes a los migrantes o te daño económicamente.
Como el mal ejemplo cunde, así como el gobernador Abbott “impuso” sanciones a la Trump, con efectos económicos hacia México, los gobernadores estatales del norte de México, siguiendo el ejemplo de AMLO, le fueron a suplicar (expresión que el mismo Abbott utilizó) que suspendiera esas inspecciones y a cambio se comprometieron a controlar los flujos migratorios.
Aun entendiendo la desesperación de los gobernadores del norte de México, surgen varias preguntas.
¿Y la cancillería? El gobierno federal, hasta el momento de escribir esta nota, se ha mantenido al margen de estos acuerdos y del problema mismo. Como si no tuvieran nada que ver. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la de Economía (directamente implicada), han dicho absolutamente nada. En lo que en la práctica son acuerdos internacionales, la cancillería mexicana no aparece ni como testigo de honor.
Los funcionarios federales mexicanos que solo viven para adivinarle el pensamiento a AMLO, seguramente se amparan en el muy gastado argumento de que se trata de asuntos internos entre el gobernador texano y el presidente de Estados Unidos y que no hay que meterse. Poco importa que eso afecte a México. En las conferencias de cada mañana del presidente mexicano se habla del contenido de programas de radio o de cómo vive algún comunicador, pero no de los miles de camiones detenidos en la frontera y del daño económico a nuestro país.
Por otro lado, sería bueno revisar la legalidad de esos acuerdos. No solo porque el gobierno federal, responsable de la política exterior no es invitado, o porque el Senado mexicano que también debiera jugar un papel en esa política, ni siquiera es avisado, sino porque los gobernadores se comprometen a acciones para las que no tienen facultades ni atribuciones. El control migratorio que les pide Abbott y que ellos graciosamente conceden, es de competencia federal, no estatal. Además, gran parte de los migrantes que transitan por esos estados son mexicanos, por lo menos el 40% de ellos. ¿los van a detener? ¿Violando así el principio de libre circulación de los mexicanos en su territorio, que la constitución establece con toda claridad?
Los gobernadores no fueron a explicar el proceso migratorio ni a convencer a Abbott de que el control rígido no es la solución y que, al contrario, genera otros problemas más graves aún. Hay mucha historia que lo comprueba. No, siguiendo el ejemplo de AMLO fueron a subordinarse y a prometer lo que además no pueden cumplir y a exponer a los migrantes de por sí vulnerables.
Si los efectos de la participación de la Guardia Nacional en el control de los flujos migratorios han sido nefastos para los migrantes en tránsito, las experiencias de las intervenciones de autoridades locales y estatales son aún peores e incrementan considerablemente la vulnerabilidad de los migrantes y la participación del crimen organizado.
No olvidemos que particularmente en los estados colindantes con Texas como Coahuila, Chihuahua o Tamaulipas y en menor medida Nuevo León, con una frontera minúscula, se trata de territorios controlados por organizaciones criminales.
Por lo pronto, el gobernador Abbott logró su objetivo político y ya anunció, como lo hiciera Tump que, si los compromisos de los gobernadores no se cumplen, retomará las inspecciones. Es una forma de decirle a Biden, pero sobre todo a los votantes que ese es el camino, someter a México.
