- Optimización de materiales de oficinas, adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones, entre las acciones
La Comisión de Administración
del Consejo del Poder Judicial de Michoacán trabaja permanentemente para
concretar objetivos institucionales como el uso responsable y eficiente de los
recursos públicos, pues es la encargada de controlar, dirigir y vigilar las
funciones de administración y finanzas.
A través de sesiones
semanales, quienes integran la Comisión –que también se encarga de las
funciones de estadística administrativa, servicios generales y arrendamientos,
entre otras- abordan para su análisis los temas que implicarán un gasto
próximo, como la adquisición de bienes y servicios, para que se realice de
manera responsable.
En este sentido, recientemente
se llevó a cabo un proceso de licitación pública para la adquisición de
mobiliario de oficina y, como lo establece la normatividad interna, los
proveedores interesados entregaron sus propuestas económicas en sobre cerrado
para ser abiertas ante la presencia de todos los participantes; con ello se
abona a la confianza en los fallos y se consolida la transparencia
institucional.
La acción anterior está
considerada en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina del Ejercicio del
Gasto Público de la institución -aprobado en 2016 y vigente a la fecha-
que establece en su artículo 6 la autorización exclusiva de dicha Comisión para
la adquisición, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, oportunidad, garantía y demás circunstancias pertinentes.
El acuerdo de austeridad
incluye también la optimización y control del uso de artículos de oficina y
materiales de limpieza e higiene en todos los distritos judiciales de
Michoacán, además de la reducción de gastos por concepto de viáticos y
combustible, por citar algunos.
El Consejo del Poder Judicial,
a través de la Comisión de Administración, trabaja para brindar las mejores
condiciones a quienes laboran en la institución tanto en áreas jurisdiccionales
como administrativas, además de ejercer de manera responsable los recursos
públicos asignados para su funcionamiento.