EQUIS Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en México mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social. Esta organización lleva desde 2014 enfocándose en un tema novedoso a nivel internacional y en México: la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas.
Isabel Erreguerena, codirectora de EQUIS, contó a Noticias ONU cómo la organización empezó a trabajar con reclusas, dándose cuenta de que el porcentaje de mujeres que están en la cárcel por delitos contra la salud es cercano a la mitad de la población carcelaria.
“Entre 2016 y 2018 vimos un incremento en el fuero común del 103% de mujeres privadas por delitos contra de la salud, y sigue siendo el delito con mayor población penitenciaria, representando el 43%, y nos hicimos la pregunta ¿Por qué?”, agregó.
Y al ver los censos, la respuesta fue que la mayoría de las mujeres tenían características similares: eran privadas de libertad por posesión para uso de comercio, esto quiere decir que poseían un poco más de la cantidad que se permite y creen que es con fines de comercio; también la mayoría son mujeres en situación de vulnerabilidad o que son incriminadas en algún delito.
“Nosotras nos dimos cuenta de que no había organizaciones que trabajaran con mujeres privadas de su libertad”, explica Erreguerena, quien indica que también vieron que estas mujeres son “primodelincuentes”, es decir que es la primera vez que delinquen. Además, fueron detenidas sólo por ese delito y no por otro; ni estaban en posesión de armas.
EQUIS Justicia para las mujeres/Scopio
Las mujeres intentan llevar una vida normal dentro del reclusorio.
Víctimas de abusos
El 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas. Los estados con mayor tortura son: Michoacán Colima, el Estado de México, y Aguascalientes.
Esta misma encuesta también arrojó que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios. Mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les informó sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.
Además, en el 68% de los casos las autoridades no mostraron su placa. Este análisis finalmente arrojó que el 43,9% de las personas privadas de su libertad pudieron haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en algún delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido comprobar su inocencia.
“Por nuestra parte, en la parte cualitativa entrevistamos a mujeres de Oaxaca y de la Ciudad de México, y a todas las personas que entrevisté que habían sido detenidas por delitos contra la salud, todas habían sido torturadas sexualmente, no había ninguna que no declarara que no lo había sido.”
En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; éstas contienen directrices importantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos. Las medidas de protección deben tomar en cuenta específicamente los riesgos de represalias de la persona responsable de los abusos.
Por otro lado, las internas que queden embarazadas como resultado de abuso sexual deberían recibir un apropiado asesoramiento y consejo médico, además de proveerles apoyo y tratamiento para su salud, como ayuda legal.
Este reglamento también especifica que, al momento del registro de las reclusas, se deben aplicar las medidas eficaces para garantizar que la dignidad de las mujeres esté protegida durante los registros personales, y estas deben ser llevadas por personal penitenciario femenino que estén capacitadas para ello.
Teniendo en cuenta el alto número de mujeres que son detenidas por delitos menores relacionados con drogas, en este reglamento se especifica que, al determinar la condena, los juzgados deberían tener el poder de considerar la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos.
También dice que se debería promover la sensibilidad al género mediante el acceso de las mujeres a programas de tratamiento para abuso de sustancias en la comunidad para prevenir el delito, así como también la diversidad y alternativas a los propósitos de la condena.
EQUIS Justicia para las mujeres/Scopio
Entre el 2016 y 2018 hubo un incremento del 103 por ciento de mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud.
Reinserción social
La UNODC señala que los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida.
Aunado a esto EQUIS estudió, analizó, y propuso políticas necesarias para que se cumplan con los derechos de las personas al ser detenidas. Comenzaron a trabajar con mujeres que ya habían salido de la cárcel, creando una red y formado organizaciones que están luchando por sus derechos, como el caso de: Mujeres Unidas por la libertad, Lebusol, Mujeres libres México, y Artículo 20.
Isabel Erreguerena nos contó un poco el proceso por el que pasan las mujeres una vez que logran recuperar su libertad. El primer y principal problema con el que se enfrentan, es que salen por la madrugada y sin documentos oficiales que les acrediten su ciudadanía.
“Normalmente es un rollo burocrático que no te den una identificación, como rentas algo si no la tienes, o pides un trabajo. Después el famoso tema de antecedentes penales que, aunque esté prohibido, lo siguen pidiendo.”
Por ello, EQUIS realizó un mecanismo de justicia social para liberar a las personas que estaban siendo privadas de su libertad injustamente por la política de seguridad fallida, un mecanismo de reinserción social, y una política de drogas basadas en el derecho a la salud.
De acuerdo con estos estudios y trabajo, se ha detectado que las principales dificultades con las que se enfrentan las mujeres son volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental, pero por lo general no cuentan con los recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas.
Se necesitan buenos planes y crear políticas públicas para que las personas puedan reiniciar su vida. Una podría ser que tengan su identificación oficial (INE) al salir, y otra podría ser la generación de bolsas de trabajo. De acuerdo con lsabel, México no tiene políticas públicas de reinserción social, lo más cercano es el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
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