Al presentar el informe de acciones para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el propósito del Gobierno de la Cuarta Transformación es instaurar la paz con justicia y al mismo tiempo erradicar la impunidad y el influyentismo.

“Nosotros no queremos eso. Queremos conseguir la paz con justicia. Es un cambio completo. No a las venganzas, no al odio. Tenemos que buscar la reconciliación y así se ha hecho y se está avanzando, pero nos falta más. No es justo que estén en prisión, por ejemplo, ayer lo hablábamos, personas inocentes o que solo vaya a la cárcel el que no tiene para comprar su inocencia y que los que cometen delitos y son potentados nunca van a la cárcel o rara vez. (…) Todo eso tiene que irse terminando, que no haya impunidad y que vivamos en un verdadero Estado de derecho y con justicia”, enfatizó.

El mandatario consideró que en el rubro de la defensa de las garantías individuales todavía hay pendientes debido a que en el periodo neoliberal prevaleció el uso de la violencia.

Refrendó su confianza al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y sostuvo que toda resolución del titular “siempre va a ser apegada a la justicia, no por influyentismo ni por otras causas”.

El subsecretario precisó que los ejes fundamentales de la política de derechos humanos es el establecimiento de la relación de atención y respuesta puntual a familiares de víctimas; además, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacer justicia.

Destacó que, en tres años de gobierno, el presupuesto destinado por parte de la Secretaría de Gobernación a la procuración de los derechos humanos en el país asciende a 6 mil 103 millones 513 mil 366 pesos. Estos recursos han contribuido al fortalecimiento de las políticas públicas y a que se alcancen cifras sin precedentes en acciones de atención.

Puntualizó que los recursos se utilizan en subsidios para el fortalecimiento de comisiones locales de búsqueda y capacidades forenses; subsidios para construcción y mejoramiento de Centros de Justicia para las Mujeres; subsidios para atender alertas de violencias de género en las entidades; subsidios para el fortalecimiento de Registros Civiles; indemnizaciones, becas y apoyos para vivienda como parte del cumplimiento de sentencias y recomendaciones de la CNDH y organismos internacionales; aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la implementación de medidas de ayuda y reparaciones a víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Resaltó obras de infraestructura para los derechos humanos, como la construcción de tres centros de identificación humana y cinco centros de resguardo temporal para enfrentar la crisis forense.

También se han edificado y remodelado más de 56 centros de justicia para mujeres. Derivado de resoluciones internacionales se reparan, construyen y mejoran viviendas, centros comunitarios y albergues, centros de salud, caminos y carreteras, escuelas, obras de infraestructura y servicios en Guerrero, Chiapas, Coahuila y Sonora.

En estos dos últimos estados se logró un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el cumplimiento de la recomendación de la CNDH sobre el caso Pasta de Conchos.

En Sonora, se brindan becas educativas y atención médica y traslados a víctimas y familiares, así como la aplicación de la medida mensual vitalicia para la reparación del daño por el caso de la Guardería ABC.

En relación con la comisión de amnistía, el subsecretario Alejandro Encinas expuso que a la fecha se han presentado mil 798 solicitudes; mil 3 casos sesionados en comisión, 900 casos con dictamen improcedente y 103 con dictamen procedente.