A media pista del aeropuerto internacional de San Diego, decenas de padres bajaron lentamente de un avión, muchos con niños en brazos.
En lugar de unirse a los pasajeros de otros vuelos en la terminal, los subieron a autobuses blancos de prisión. Algunos de los niños pequeños se agarraban a las barras de las ventanas y apretaban la cara contra el cristal.
Pronto fueron llevados a la frontera entre San Diego y Tijuana, donde fueron entregados a funcionarios de inmigración mexicanos y enviados a una ciudad que la mayoría nunca había visto.
"La escena que se desarrolló el miércoles por la tarde es familiar, informada por primera vez por The San Diego Union-Tribune en abril, cuando el gobierno de Biden comenzó a utilizar vuelos para transportar a las familias centroamericanas solicitantes de asilo desde donde la Patrulla Fronteriza las detuvo en Texas a otras partes de la frontera".
Esas familias fueron luego expulsadas a México bajo una política pandémica de la administración Trump conocida como Título 42 que el presidente Joe Biden ha seguido utilizando a pesar de las crecientes críticas.
El Título 42, que corta el acceso al sistema de asilo de Estados Unidos, pone a las familias en condiciones similares al programa Permanecer en México de la administración Trump, un programa que Biden condenó enérgicamente.
Los vuelos a San Diego permiten a los funcionarios de Estados Unidos expulsar a las familias que el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Texas, no aceptará, pero sí Baja California.
Aunque las expulsiones locales en virtud del Título 42 no han cesado, los vuelos desde Texas se detuvieron en mayo tras una protesta pública y la promesa de los funcionarios de Seguridad Nacional de revisarlos.
Hace unas dos semanas, esos vuelos se reanudaron.
Además de los “vuelos laterales” a San Diego, el gobierno de Biden ha añadido ahora vuelos de expulsión directamente al sur de México, donde las familias son expulsadas rápidamente del país hacia Guatemala.
La medida ya ha sido ampliamente criticada, incluso por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.
“ACNUR ha mantenido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 que la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles”, dijo Matthew Reynolds, representante de ACNUR en Estados Unidos y el Caribe, que ha pedido el fin de la política del Título 42.
“Incluso allí donde el COVID-19 ha surgido en ocasiones, muchos países han puesto en marcha protocolos eficaces, como exámenes sanitarios sistemáticos, pruebas y medidas de cuarentena, que han protegido simultáneamente y con éxito tanto la salud pública como el derecho humano a solicitar asilo.”
