• A través de sus sentencias, los jueces y juezas contribuyen a su salvaguarda, concuerdan especialistas
Para conmemorar el décimo aniversario de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una mesa de análisis virtual en la que dos especialistas compartieron algunos retos y desafíos que se vislumbran a una década de su aplicación.
En su participación, Victorino Rojas Rivera, magistrado de circuito en Morelia del Poder Judicial de la Federación, refirió que derivado de la reforma se reemplazaron términos jurídicos en la Constitución Mexicana, como el de “garantías individuales” por “derechos humanos”; además, se sustituyeron verbos para referirse a derechos y obligaciones, ya que en ambos casos, la Carta Magna solo los “reconoce”, más no los “otorga”.
A partir de 2011 se contemplan los de carácter socioeconómico, como el acceso a la salud, al agua y al medio ambiente; así como al libre desarrollo de la personalidad, la objeción de conciencia y la privacidad, que no estaban sujetos a la justiciabilidad, es decir, a la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal, el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Derecho en la materia.
Las modificaciones normativas implicaron, por otra parte, mandatos de carácter obligatorio para las autoridades del Estado Mexicano para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las personas.
Rojas Rivera cerró su intervención enfatizando que quienes acuden a los tribunales, merecen que las y los juzgadores ejerzan su función con independencia judicial, imparcialidad y con excelencia, “tenemos el deber, por mandato constitucional, de garantizarlos, repararlos y prevenirlos con nuestras sentencias”.
Al tomar la palabra, el académico y experto en el tema, Gumesindo García Morelos, mencionó que la reforma ha propiciado una transformación en la manera de aplicar, interpretar y pensar los derechos humanos en el ámbito judicial, así como en la ciudadanía, especialmente en los grupos en situación de vulnerabilidad que exigen nuevas formas de respuesta a las instituciones involucradas en su reconocimiento.
Compartió con las 280 personas conectadas a la actividad académica transmitida en vivo por el canal de YouTube Poder Judicial Michoacán y otra plataforma, que el juicio de amparo es un instrumento que tiene la sociedad para defender sus derechos cuando son vulnerados por actos de las autoridades; y es en este contexto que el juez puede incidir positivamente en la construcción de políticas públicas que contribuyan a su salvaguarda, a través de las medidas cautelares y sus resoluciones.
A consideración del investigador universitario, se requieren nuevas perspectivas de inclusión y no discriminación para seguir facilitando el acceso a la justicia, además de fortalecer la obligatoriedad de los tratados internacionales de los que México forma parte, encaminados a la máxima protección de los derechos humanos.
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