Actualmente, y dado el nuevo modelo de Estado cuyo fundamento descansa en el derecho constitucional, “los derechos humanos se han convertido en el centro del ejercicio del poder público”; podría decirse que están incluso por encima de él, planteó el magistrado J. Jesús Sierra Arias.

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) participó en una mesa de análisis sobre los órganos constitucionales autónomos, donde abordó algunos aspectos de la “ingeniería jurídica” que posibilitó la vigencia de tales entes a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Los órganos autónomos funcionan como una suerte de contrapeso al llamado poder tradicional y ponen, al centro de todo, “el derecho de las personas como objetivo y como fuente de legitimidad” de sus acciones, expuso.

Sin embargo, dijo, para llegar a este escenario las sociedades como la mexicana debieron transitar  del “concepto de derecho liberal y  su  principio de legalidad, a un concepto un poco más amplio y protector”.

Este concepto es el derecho constitucional, que “abandona la formalidad de la ley, e incorpora los principios básicos y las aspiraciones más importantes de una sociedad en un instrumento: la Constitución, precisamente”, explicó.

En esa ruta, arribamos a un “Estado social y democrático donde los derechos humanos son el centro del ejercicio del poder público. Es a donde tenemos  que llegar todas las autoridades, tanto de los Poderes tradicionales (esto es, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como de los órganos autónomos”, afirmó el magistrado Sierra. 

Como parte de un régimen convencional amparado en la propia Constitución y en Tratados Internacionales en la materia, “todas las autoridades tenemos la obligación de salvaguardar estos derechos”, cuya relevancia es tal, que podría decirse que están “incluso por encima del Estado constitucional, pues en circunstancias particulares son los que verdaderamente protegen e imponen el derecho de las personas”, indicó.

La propia existencia de órganos constitucionalmente autónomos como el TJAM, los institutos de transparencia, o el propio Instituto Nacional Electoral (INE), son resultado de la importancia que han adquirido los derechos humanos en décadas recientes.

En el nuevo modelo, “ya no se trata solamente de limitar el poder, aquel poder absoluto que restringía el derecho liberal. Ahora, se trata de que, a través de estos órganos autónomos, se empiecen a desarrollar funciones que atiendan una corrección funcional que, dijéramos, no es tan especializada en los poderes tradicionales”, expresó el magistrado.

Y, además, se trata de “alejarnos un tanto de los juegos políticos que intervienen en la constitución de los poderes tradicionales”, añadió.

En conclusión, “en los órganos constitucionales autónomos subyace una lucha de la sociedad, por la existencia de entes ajenos a la dinámica tradicional, al discurso político, pero también, al control de los poderes tradicionales, para poner en el centro del derecho de las personas. Esa, es la base de su legitimidad”, subrayó el presidente del TJAM.

Esta ponencia formó parte de la mesa de análisis: “¿Pluralismo o presidencialismo hegemónico?  División de Poderes y organismos constitucionales autónomos”, que se desarrolló en modalidad virtual, por convocatoria del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (Copuex).

En la misma participaron Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán; Yurisha Andrade Morales, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado; Reyna Lizbeth Silva Ortega, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta local del INE. Además de Patricia Nava Muñoz y Luis Jorge Molina Piñeiro, secretaria técnica y presidente del Copuex, respectivamente.