En los años recientes, el combate a la corrupción en México se ha vuelto más complejo desde el ámbito jurídico. A raíz de una reforma constitucional de gran calado, se han definido los actores, las normas y los procedimientos para atacar este fenómeno; “hemos avanzado”, señaló el magistrado Sergio Mecino Morales.
Lo anterior, durante la conferencia: “El artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, que el magistrado ofreció a integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) ayer por la tarde, con fines de capacitación interna.
Así, refirió que a partir de la reforma a 14 artículos de la Constitución Política de México, en mayo de 2015, “se mandató la creación de un nuevo sistema de combate a la corrupción, donde tenían que participar diferentes instancias de los órdenes de gobierno”, algo inédito en nuestro contexto nacional y estatal.
“Hablamos de la reforma constitucional más grande que ha habido en el país para combatir la corrupción”, refirió el titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM.
Tales cambios dieron origen a diversas leyes, como la del Sistema Nacional Anticorrupción; reformaron otras, en el caso de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, y fortalecieron organismos existentes –el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación– dotándolos de facultades más amplias con el fin primero de erradicar la corrupción, refirió Mecino Morales.
Esto obligó a los Congresos locales a hacer lo propio, ya que “la reforma mandata a las entidades federativas como Michoacán, a armonizar sus leyes” para, a su vez, dotar de la estructura jurídica suficiente para el funcionamiento de los sistemas estales anticorrupción.
Ahora bien, hay aspectos por redefinir, como –precisamente– el artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades, cuya redacción, hasta cierto punto inacabada, ha dado pie a interpretaciones diferenciadas en los tribunales del país, por lo que el magistrado expuso a los jueces, secretarios, defensores jurídicos y otros integrantes del TJAM, algunos criterios para su aplicación.
Mecino Morales destacó finalmente la valía de la estructura jurídica que ampara el funcionamiento del sistema anticorrupción en el país y el estado, y también señaló la necesidad de continuar reforzándola, a fin de que cumpla el gran objetivo para que el que fue creada.
Esta conferencia es la segunda del Ciclo 2021, que proyecta el Tribunal de Justicia Administrativa para continuar con su proceso de fortalecimiento institucional.
“Quizá estas actividades nos generan más preguntas que respuestas sobre nuestro quehacer, pero son positivas porque nos van convirtiendo en un Tribunal más dinámico. No se trata con ello de tener criterios uniformes, sino de que exista mucha riqueza comunicativa en términos de experimentar y dialogar sobre lo que hacemos”, comentó el magistrado presidente del TJAM, J. Jesús Sierra Arias.
También informó que, desde la segunda semana de agosto próximo, en el TJAM comenzarán dos cursos paralelos de 10 u 11 semanas, con el fin objetivo de fortalecer las capacidades del personal, abonar a su crecimiento académico y, “sobre todo, para fortalecer la capacidad de análisis de nuestro trabajo, porque al final lo que buscamos es dar el mejor servicio posible a la ciudadanía”, concluyó.
