- Las modificaciones legales también contemplan sanciones a patrones que soliciten certificados de embarazo o VIH
- Desde hace décadas, el PRD ha impulsado este tipo de medidas que abonan a la progresividad en derechos laborales, especialmente relacionados con el género y la no discriminación y a la justicia
Como una medida que abona a mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres y sus familias, así la calificó la diputada local Lucila Martínez Manríquez, el aval del Senado de la República a la igualdad salarial para mujeres y hombres, así como a la aprobación de sanciones a empresas públicas y privadas en caso de ejercer acciones discriminatorias, como lo es solicitar certificados de embarazo, de VIH o historiales salariales.
La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, subrayó que lo avalado por el Senado son medidas que impulsan la progresividad en los derechos laborales y en la lucha contra la discriminación, una batalla que ha mantenido desde su fundación el Partido de la Revolución Democrática, a cuya filiación pertenece.
“En México se hace necesario impulsar la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de los derechos laborales de las mujeres en todo el país, de manera que esto sea un insumo esencial en el diseño de políticas públicas, que igualen su papel en el ámbito laboral y que la ley aprobada se aplique en los hechos”, subrayó la legisladora.
Lucila Martínez señaló que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es una deuda que el Estado Mexicano y sus instituciones tienen para con las mujeres de este país, pues aún en pleno Siglo XXI, dijo, se mantienen estas prácticas a todas luces discriminatorias y que no permiten el pleno desarrollo de las mujeres y sus familias.
Reconoció el trabajo legislativo del Senado, cuyo respectivo dictamen estableció multas que casi alcanzan el medio millón de pesos para los empleadores que paguen menos a las mujeres que a los hombres por desempeñar labores iguales, así como a quienes soliciten certificados de no embarazo.
Expuso que las multas por discriminación establecidas trascienden el tema de género, pues también protegen los derechos de las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuyos patrones podrán ser multados si solicitan exámenes en ese sentido. También serán multadas las empresas que indaguen el historial salarial de los candidatos a ocupar un puesto de trabajo.
Destacó especialmente el hecho de que se haya establecido perseguir de oficio estas malas prácticas laborales a fin de garantizar que no haya desigualdad salarial ni acciones que atenten contra los derechos humanos de las personas que pretenden ofertar su fuerza de trabajo.
Lucila Martínez Manríquez lamentó la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres debido a los estereotipos de género que han prevalecido en la sociedad, en donde se asume que las mujeres deben de desempeñar las actividades domésticas y el cuidado de la familia sin ser valorado.
Consideró que existe aún un gran camino por andar para lograr la igualdad laboral entre hombres y mujeres, lo que implica también una reforma legislativa laboral en México, para que los hombres miembros de una familia tengan como obligación dedicar tiempo al cuidado de hijas e hijos durante su infancia.
Finalmente reiteró la importancia de garantizar la igualdad salarial real y la no discriminación, impulsando la denuncia de aquellas instituciones y empresas que no la garanticen.
