Decenas de organizaciones presentaron una denuncia penal conjunta para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Tamaulipas.
Asimismo, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Búsqueda en México, para que se tomen acciones urgentes para esclarecer la matanza y castigar a los culpables.
Las víctimas serían originarias de la comunidad indígena Comitancillo, departamento guatemalteco de San Marcos, fronterizo con México.
La cancillería de Guatemala informó que trabaja con autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre, la quinta de esa magnitud ocurrida en territorio mexicano en un período de diez años.
El representante permanente en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh), Guillermo Fernández-Maldonado, expresó que "estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 (donde fueron asesinados 72 migrantes), y Cadereyta, Nuevo León (norte), en 2012 (donde se encontraron 49 cuerpos mutilados)".
Gobierno rechaza comparación
El Gobierno mexicano rechazó cualquier comparación de esa masacre con otras tragedias ocurridas en la ruta de migrantes que
recorren más de 2.000 kilómetros desde
Tapachula, fronteriza con Guatemala, hasta la frontera con Estados Unidos, por la franja costera del Golfo de México.
"Por ningún motivo es igual [el nuevo hallazgo] a lo que sucedió en San Fernando (Tamaulipas)", replicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante una pregunta sobre el tema.
El argumento de la responsable de la política interior y migratoria se basa en que las investigaciones ya están en marcha.
"Se ha avanzado muchísimo, tenemos mucha información", dijo Sánchez Cordero a periodistas, aunque declinó ofrecer información sobre dichos avances.
En las otras masacres mencionadas, una década después "los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación", comentó el representante de la titular de Acnudh, Michelle Bachelet.
La reciente masacre "es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas", señala el pronunciamiento.
Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, "en principio, por la falta de prevención del Estado mexicano al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes, ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza", dice el extenso informe.
El Gobierno de México ha insistido en todas sus declaraciones sobre la importancia de lograr una migración "ordenada, segura y regular", pero las organizaciones argumentan que "militarizar las fronteras (mexicanas), no solo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración, que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas".
El núcleo promotor de la denuncia lo forman la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Ayuda Humanitaria al Migrante, Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana; y la Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Guatemala y decenas de albergues en las rutas de migrantes.
Otras firmantes de la larga lista son la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras.
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