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100 servidoras y
servidores públicos cursan un programa académico a distancia sobre protección
de datos personales
Para realizar un adecuado
tratamiento de los datos personales de las y los usuarios en los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de Michoacán, 100 servidoras y servidores
públicos se encuentran cursando un programa académico de educación a distancia
sobre la Protección de Datos Personales.
Para la institución
resulta imprescindible e insoslayable que en el personal se forme una cultura
protectora de los datos personales, que conozca de su importancia y de la
trascendencia de un apropiado tratamiento sin perjuicio del derecho a la
información; por ello, esta primera edición del curso se integra por dos
etapas: la básica y una avanzada.
La primera parte ha concluido con un total de 56 horas
de formación a distancia, donde las y los participantes, durante 10 semanas,
cursaron módulos como El derecho a la
privacidad, Evolución del derecho a la protección de los datos personales en
México y Aspectos relevantes de la Ley de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados del estado de Michoacán.
Actualmente se lleva a
cabo el curso avanzado que constará de 60 horas académicas y concluirá hasta el
12 de enero de 2021; éste incluye temáticas como Principios y deberes. Revisión de casos; Sujetos responsables.
Funciones y Atribuciones; Ciclo de vida de los datos personales; así como Medidas de seguridad y sanciones.
Esta capacitación fortalece
los mecanismos de apertura y rendición de cuentas en el Poder Judicial de
Michoacán, ya que es fundamental transparentar las actuaciones judiciales. Como
ejemplo, el apartado de versiones públicas de sentencias y resoluciones relevantes
de jueces y magistrados que actualmente se puede consultar en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx
con un total de 2,754 documentos publicados
Asimismo, la institución se prepara para cumplir con la obligación de publicitar la totalidad de las sentencias,
por lo que ya se desarrolla un sistema que automatice las versiones públicas y
que, con ello, la ciudadanía conozca a detalle la forma en que se toman las
determinaciones judiciales.