Con el objetivo de fortalecer el debido proceso en los casos relacionados con faltas administrativas graves y corrupción, este día el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAM) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) firmaron un convenio de colaboración que, se prevé, ayudará a reducir la impunidad en esta materia.

En la sede de las Salas Especializadas en Materia Anticorrupción de este órgano jurisdiccional, su magistrado presidente, Sergio Mecino Morales, destacó que el convenio tiene “la finalidad de coordinarnos con la ASM y, así, cerrar la brecha para que los casos que tienen que ver con corrupción no se queden impunes por cuestiones de forma”. 

El documento, establece las bases de colaboración entre dichas instituciones para instrumentar, en el ámbito de cada competencia, la disponibilidad de los servicios de defensoría jurídica a los servidores públicos y particulares que, encontrándose sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa, no cuenten con un abogado que los represente.

Esto es necesario y será útil en adelante pues, comentó el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, “muchos de quienes van a ser loables de procedimientos de responsabilidades administrativas van a tener acceso a un abogado de calidad y que conoce todos los procesos administrativos que lleva la ASM…, y esto es indispensable para cuidar el debido proceso”.

El acceso a una defensa legal en materia administrativa está contemplado, pero no definido, en normas como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, precisó Mecino Morales. 

En ese sentido, dijo, podemos apoyar pues “el TJAM cuenta con una Defensoría Jurídica, órgano con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de representar a los ciudadanos en los juicios contenciosos administrativos cuando éstos no tienen quién los represente.

“Es decir, que podemos  garantizar el derecho constitucional a una defensa adecuada y de calidad; además de cumplir, en materia de responsabilidades administrativas, con los principios de igualdad de las partes y contradicción”, añadió.

De fondo, se trata de “evitar que los procedimientos vengan viciados de origen, y que impidan al propio Tribunal analizarlos a fondo, porque la forma no fue correcta”, explicaron. 

Este acto de firma de convenio fue atestiguado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez, quien reconoció el esfuerzo de ambas instancias ya que, expuso:

“Cualquier acción que se haga para mejorar los derechos de debido proceso y acceso a la justicia, y para que los actos de corrupción no queden en la impunidad, siempre serán bienvenidos, bien vistos desde la ciudadanía”.

Todo lo anterior, ante la magistrada y magistrados integrantes del Pleno del TJAM, miembros de la ASM y representantes de medios de comunicación.