- Garantizar que instituciones de asistencia privada y social sean de beneficio a la población y operen apegados a la norma, plantea
Con el objetivo de que los servicios que se brindan a la población estén regulados, el diputado Humberto González Villagómez propone vincular la Ley de Asistencia Privada con el Código Penal, al establecer que las actividades que realicen las instituciones, como patronatos y centros de rehabilitación, deben cumplir con la norma, de lo contrario serán sujetos a sanciones más severas.
Los establecimientos de asistencia privada y social en Michoacán que incumplan con la Ley, serán clausurados y se incrementará la sanción cuando, en estos espacios, se cometan abusos que atenten o afecten a la integridad de las personas.
Por lo anterior, el diputado local presentará la iniciativa encaminada a fortalecer la legislación penal, para que las autoridades puedan proceder ante cualquier irregularidad y sancionar con penas más severas a quienes cometan delitos.
En ese contexto, en la próxima sesión, presentará la iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y el Código Penal del Estado, en la que planeta sancionar a quienes abusen a través de alguna institución de beneficencia, patronatos, escuelas, orfanatos, hospitales y demás establecimientos o instituciones destinados a la ejecución de actos de asistencia.
En la propuesta, Humberto González especifica los requisitos que dichas instituciones deberán de cumplir para su conformación y operación, como es contar su RFC, y el cumplir con su responsabilidad fiscal.
Es decir, cuando una institución es clausurada, si la misma continúa operando, se tendrá que dar vista al Ministerio Público para que se proceda de manera inmediata y con ello, evitar irregularidades, además de que cuando en estos espacios se cometan, por ejemplo, delitos de corrupción, actos que atenten contra los menores o adultos mayores, homicidio, abandono, adiciones y cualquier irregularidad que se fomente en y por parte de la institución, las penas y sanciones se incrementan en el Código Penal del Estado.
El diputado local explicó que con la reforma plantea la integración de un sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones, que se hagan pasar por las de asistencia social y con ello, evitar que se cometan fraudes tan comunes, como es que personas se enriquezcan o lucren con el internamiento de personas en centro de rehabilitación, patronatos, orfanatos y demás establecimientos que prestan servicios apócrifos ante la necesidad de una mejor vida.
De acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se estima que en la entidad hay 320 centros de rehabilitación que operan sin un control o autorización de la Junta de Asistencia Privada y aunque existe un padrón de instituciones, dicha información no recibe la difusión necesaria, para que sean verificables para los usuarios o las personas que necesitan de este tipo de servicios.
Por lo anterior, la propuesta de Humberto González establece que la Junta de Asistencia Privada fortalezca sus actuaciones, coadyuvando con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la denuncia y de acceso a la información, con la intención de generar procedimientos sólidos que permitan arribar a las correspondientes sanciones a aquellas personas que, aprovechándose de su calidad de administradores, directores, fundadores o trabajadores, abusen de las personas puestas a su disposición y cuidado.
“La beneficencia es una actividad que se caracteriza por ser humanitaria, altruista y desinteresada, pero la falta de rigor en la normatividad ha generado que existan instituciones que actúen con fines lucrativos y fraudulentas o establecimientos que sirven más como lugares donde se abusa contra la dignidad de las personas, como espacios donde llegan a ocurrir abusos sexuales, violencia sexual, lesiones, explotación y trata de personas”, señaló.
Humberto González dijo que la gran dificultad se encuentra en la creación desmedida de dichos establecimientos, sin contar con la autorización correspondientes, así como la falta de tipos penales que cumpliendo el principio de taxatividad hagan viable la denuncia de dichas conductas delictivas.
“Por lo anterior, y considerando de vital importancia mejorar las condiciones preventivas en materia de seguridad, y fortaleciendo la estructura institucional en la prestación de servicios asistenciales, presentaré esta iniciativa para regular estas instituciones y establecer sanciones”, manifestó.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la regulación que plantea contempla la obligación de que estas instituciones transparenten el uso de recursos únicamente en el ámbito local, con la premisa de que dichas instituciones no tienen un fin lucrativo.
Sin embargo, desde la legislación fiscal federal, dichas instituciones muchas veces encuadran bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos, en la cual, obtienen - en primer lugar- beneficios fiscales, pero, en segundo momento, existe la posibilidad de otorgar beneficios económicos para sus integrantes mediante la división de un remanente distribuible.
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