Morelia; Michoacán. La bancada de Morena en el Congreso de Michoacán presentará una iniciativa en la que se plantea la creación de la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Electas, misma que operaría a través del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).
A propuesta de los diputados Fermín Bernabé Bahena, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Francisco Cedillo de Jesús, Sergio Báez Torres, Teresa López Hernández, Cristina Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido y Sandra Luz Valencia, el Grupo Parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán pretende que, a través de la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Electas, se blinden los derechos de las féminas en la materia.
“El Tribunal contará con una Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Electas, con autonomía técnica y operativa, cuya finalidad es brindar de manera gratuita a las mujeres que ejerzan cargos públicos de elección popular, los servicios de asesoría y defensa de su derecho político electoral en la vertiente de ejercicio del cargo”, rezan parte de los argumentos expuestos en la iniciativa a presentar.
Se explica también que la defensoría tiene por objeto ser una instancia accesible a las mujeres electas en Michoacán, para trámite, seguimiento y conclusión del juicio para la protección de los derechos político-electorales.
Por otra parte, el órgano propuesto sólo blindaría a las mujeres electas en el ámbito local, no así en el federal, ni a los partidos políticos o sus representantes.
“El servicio de la defensoría en materia electoral, se prestará cuando medie solicitud expresa de la parte interesada, que deberá ser en todo caso una mujer electa democráticamente, ya sea por sistema normativo indígena o de partidos políticos”, se expone en el cuerpo de la iniciativa.
En conclusión, se precisa que la defensoría deberá actuar con la máxima diligencia, esmero y cuidado, a efecto de salvaguardar los derechos político-electorales de las mujeres electas, guardando la debida reserva de la información y de los datos personales que se conozcan con motivo de la defensa o asesoría electoral que presten.