“La justicia es un anhelo que reclamamos todos; es un imperativo que no cesa de condicionar la armonía, la estabilidad y el orden de la sociedad. Concretarla en sede social no es sólo una alta y delicada misión que la institución cumple cabalmente; sino un derecho fundamental de la ciudadanía, cuya observancia forma parte de nuestras obligaciones como titulares de la potestad jurisdiccional”, afirmó el magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, presidente del Poder Judicial de Michoacán, al rendir el Informe de actividades 2019.
En un acto de transparencia y de rendición de cuentas, presentó el informe del estado que guardan la impartición y administración de justicia, ello ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, así como del gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local Antonio de Jesús Madriz Estrada, de juezas y jueces de la institución, entre otras personalidades.
Al emitir su mensaje, Morales Juárez resaltó el compromiso que tienen los juzgadores del Poder Judicial con la sociedad, sometidos únicamente al imperio de la ley y el Derecho; “el esfuerzo realizado por magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como su personal de apoyo, se refleja en la agilidad que dieron a los procesos de su respectiva competencia, en el cuidado puesto en las decisiones que adoptan, así como en la eficiencia y eficacia con la que desarrollan su labor”.
Con motivo de la falta de titulares en tres salas civiles, reconoció a magistradas y magistrados la responsabilidad por asumir el incremento en las controversias turnadas, prevaleciendo el trámite adjetivo correspondiente y cuidando la calidad en las sentencias que concluyeron. Asimismo, destacó la labor de salas penales, cuyo profesionalismo se distinguió a través de las tesis que emitieron y que contribuyen a una adecuada operación del sistema acusatorio y oral.
Por otra parte, el magistrado presidente destacó el esfuerzo del Consejo para afrontar el constante incremento de controversias de naturaleza familiar y para concretar la progresiva especialización sin mayores erogaciones económicas, salvo la imprescindible adecuación de los espacios físicos –que representan un lugar digno para quienes acuden por el servicio- y la necesaria capacitación previa del personal.
En ese sentido, señaló que se dará continuidad al programa de infraestructura judicial, con el objetivo de que el Poder Judicial de Michoacán cuente, en el menor tiempo posible, con instalaciones propias para albergar todos los juzgados y áreas administrativas, así como para hacer un gasto más eficiente del presupuesto, al no requerirse continuar con varios arrendamientos.
“Quiero aprovechar este momento en que me dirijo a toda la ciudadanía para resaltar que confío en la honestidad y profesionalismo de las juezas y jueces michoacanos. Sin embargo, la confianza depositada en ellas y ellos no implica, en forma alguna, que no estemos atentos a su desempeño. Pueden tener certeza de que el Consejo atenderá sus quejas de manera pronta, oportuna y expedita, imponiendo, de ser necesario, las sanciones administrativas previstas por el marco jurídico normativo aplicable”, manifestó.
En la misma línea, Morales Juárez sostuvo que la sociedad también puede tener la certeza, de que las y los operadores jurídicos estatales, estarán debidamente capacitados y preparados para ejercer las nuevas competencias –una vez que inicie la vigencia de la reforma constitucional y legal en materia laboral-, resolviendo con apego a la Constitución y a las leyes respectivas, los conflictos del trabajo que se sometan a su conocimiento.
“En el marco de este informe, resulta apropiado destacar la fluidez de las relaciones de cooperación que se mantuvieron con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. El respeto y la legalidad, han sido las constantes que enmarcan la interacción con las distintas áreas de la administración pública, teniendo siempre presente la vocación de servicio a las y los michoacanos destinatarios de nuestra labor pública, así como el equilibrio entre las instituciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad el ejercicio de la soberanía estatal”, destacó.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial señaló que “sólo la existencia de una judicatura imparcial e independiente puede garantizar, en último término, el respeto a las leyes y la concreción de la justicia. Ante los desafíos que las circunstancias nos confrontan, las y los integrantes de la judicatura estatal reiteramos nuestra vocación de servicio a la sociedad, de respeto a las instituciones y al ordenamiento jurídico, de fidelidad a la ley y al Derecho.”
“Las y los jueces michoacanos seguiremos, como hasta hoy, manteniendo los altos estándares que caracterizan nuestra labor, impartiendo y administrando justicia a quienes así lo requieran”, concluyó.
