La Auditoría Superior de Michoacán está en un proceso de revisión de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, ya que contiene lagunas legales que dificultan la unificación de criterios, apuntó su titular Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

El Auditor Superior de Michoacán, dijo que en esta nueva etapa del órgano fiscalizador, se ha entrado a la revisión del marco normativo con que se cuenta, ya que se han detectado algunas inconsistencias que dificultan llevar a buen puerto la encomienda constitucional al momento de instaurar procedimientos a quienes incurren en irregularidades dentro del ejercicio público.

Informó que se buscará generar un trabajo coordinado con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a fin de generar criterios uniformes que permitan plantear a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del Estado, una iniciativa que haga suya para una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado.

“Coincidimos con la visión de los señores legisladores en el sentido de la perfectibilidad de las leyes, por lo que consideramos importante que toda esta experiencia de la Auditoría y del Tribunal frente a las inconsistencias de una ley, puedan ser aportadas para su modificación y con ello fortalecimiento”.

Aguirre Abellaneda mencionó que uno de los principales problemas que se han detectado con la Ley de Responsabilidades Administrativas son las lagunas que existen entre el articulado, lo que ha dado paso a la generación de criterios disímbolos que acaban por afectar los procesos de responsabilidades instaurados.

Destacó que el órgano fiscalizador continuará en esta ruta de la revisión de las herramientas legales con que cuenta para el cumplimiento de sus funciones, apostando por la coordinación con el Congreso del Estado para planear las reformas que sean necesarias.

Subrayó que esta nueva era de la Auditoría Superior de Michoacán debe ser la ruta de consolidación de una fiscalización fortalecida, en donde quienes incurran en responsabilidades respondan ante la justicia, y se genere certeza entre los michoacanos de que hay una vigilancia real y seria sobre el manejo de los recursos públicos.