Un total de 50 registros de particulares, litigantes y autoridades municipales en la plataforma del Juicio en Línea, han contabilizado cuatro de las cinco Defensorías Jurídicas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) en lo que va del año.
Lo anterior, de acuerdo con la información de los titulares de las Defensorías Jurídicas de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, quienes acudieron hoy a las instalaciones del Tribunal para continuar capacitándose en torno a esta nueva modalidad de la justicia administrativa.
A poco más de cuatro meses de su funcionamiento, el TJAM cuenta más de 500 registros en la plataforma en cuestión, de los cuales 40 por ciento corresponden con autoridades estatales y municipales de Michoacán.
El juicio en línea entró en vigor en Michoacán el 18 de julio pasado, conforme con una serie de reformas legislativas cuyo fin es, precisamente, ampliar el acceso de los ciudadanos a la justicia administrativa.
Y, en efecto, esta modalidad “agiliza los procedimientos del juicio administrativo convencional, pero sobre todo, los facilita para las y los ciudadanos que deseen interponer una demanda ante este Tribunal, en caso de que un acto de autoridad afecte sus derechos”, indicó el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales.
En esta etapa de su implementación, lo más importante es que las autoridades se registren en la plataforma, a fin de que puedan ser notificadas en caso de que hayan sido demandadas por la vía digital.
De lo contrario, perderían la oportunidad de presentar medios de defensa, advirtió el magistrado, recordando también que, base en el Código de Justicia Administrativa del Estado, “las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal deberán registrarse en nuestro sistema informático, para efecto de ser emplazadas a juicio por la vía electrónica”.
Por último, vale señalar que las Defensorías Jurídicas del Tribunal apoyan tales trabajos como parte de sus funciones complementarias, ya que su función primordial es brindar asesoría, acompañamiento y representación jurídica gratuita a los particulares que no puedan costearse un abogado para hacer valer sus derechos en casos como:
Cobros indebidos de agua potable, infracciones de Tránsito, estatal o municipal, impuestos municipales o seguimiento a recursos administrativos por imposición de sanciones a servidores públicos, entre otros.
