Un juzgado federal frenó, por ahora, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
El secretario en funciones de juez Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Aureoles Conejo, contra quien existe una orden de aprehensión por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Luego de admitir a trámite la demanda con el expediente número 348/2025 el secretario en funciones de juez concedió al exgobernador de Michoacán una suspensión provisional para evitar que cualquier orden de captura, arresto o comparecencia en su contra, sea ejecutadam
“Se concede a Silvano Aureoles Conejo, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal”, señaló el funcionario judicial.
También requirió a Aureoles el pago de una garantía por 52 mil pesos, que deberá exhibir dentro de los siguientes cinco días hábiles para mantener vigente la medida, de lo contrario, la suspensión dejará de tener efectos y el exgobernador podrá ser capturado.
Esta suspensión no impide a Aureoles Conejo comparecer ante el juez de control que ordenó su detención pues con ella sólo no será ejecutado dicho mandamiento pero el proceso penal puede iniciar.
Será hasta el próximo 29 de abril de 2025 que el juzgado resolverá si concede o no la suspensión definitiva al exmandatario. De concederla, ello significaría que el exgobernador no podrá ser detenido hasta que el juzgado resuelva el fondo del amparo.
En su acusación la FGR afirma que Aureoles y cuatro de sus excolaboradores desfalcaron al estado de Michoacán por 3 mil 400 millones de pesos por adquirir, a sobreprecio, cuarteles de la Guardia Civil en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
Los cuatro excolaboradores de Aureoles Conejo ya fueron vinculados a proceso en marzo pasado por peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa. La juez de control que los vinculó a proceso otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, mismos que se encuentran en curso.
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