Una relatora ha expresado su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los Derechos Humanos Indígenas en México y la imposición de duras condenas contra ellos.
La relatora especial sobre los defensores destacó los casos de diez activistas indígenas condenados en procesos judiciales que, según ella, indicaban importantes violaciones del debido proceso. “Los defensores de derechos humanos parecen haber sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”, dijo.
Las condenas combinadas de nueve de los 10 defensores sumaron casi 300 años de prisión, mientras que uno de ellos -el líder zapoteca Pablo López Alavez- lleva 14 años detenido sin sentencia.
El trabajo de los diez defensores se centra la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada.
Mary Lawlor pidió que se revoquen las sentencias.
Pablo López Alavéz lleva más de 14 años detenido arbitrariamente en
Oaxaca, México. El Sr. López Alavéz es un defensor de los bosques indígena
zapoteca y líder comunitario quien fue detenido arbitrariamente en
agosto de 2010 por presunta actividad delictiva en 2007 en medio de un
conflicto sobre la protección de los recursos naturales.
Su criminalización
es emblemática del hostigamiento y la persecución de que son objeto
las personas defensoras indígenas y medioambientales en México y, en
particular, en Oaxaca.
Desde su detención ilegal inicial por hombres armados no identificados y
a través de los últimos 14 años de detención, los procesos judiciales en su
contra han estado marcados por violaciones al debido proceso. En 2017,
tras siete años de prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que su detención había
sido arbitraria y en represalia por su legítima labor de defensa de los
derechos humanos.
En 2020, un tribunal penal federal mexicano reconoció
que se había violado su derecho a la defensa efectiva, ya que no se le había
proporcionado un intérprete ni un abogado defensor acreditado.
El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association revisó
y analizó documentos del caso y confirmó las conclusiones del Grupo
de Trabajo sobre detención arbitraria y prisión preventiva, así como la
conclusión del tribunal federal sobre la violación de su derecho a una
participación efectiva. Además, la revisión determinó que, en repetidas
ocasiones, los tribunales no le han proporcionado un análisis jurídico
adecuado ni imparcialidad con arreglo al derecho internacional y nacional.
Las decisiones judiciales han aceptado los testimonios de cargo que
eran inconsistentes y contradictorios, que no mencionaban al Sr. López
Alavéz o que eran recitaciones palabra por palabra.
Por otra parte, las
pruebas de descargo, incluyendo documentación de autoridades locales
que daba fe de que se afirmaba que Pablo López Alavéz se encontraba
en una comunidad diferente el día de los hechos, fueron reiteradamente
desestimadas con enrevesadas justificaciones. En conjunto, el tratamiento
de las pruebas en este caso violó el derecho del Sr. López Alavéz a un
tribunal competente e imparcial, así como la presunción de inocencia.
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