Inmigrantes, empleadores y grupos que trabajan en USA ya están tomando medidas ante el segundo mandato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas durante su Segundo Mandato en la Casa Blanca.
Algunos temen cómo la nueva administración podría afectar a sus familias, mientras que otros tienen la esperanza de que los planes —si se materializan— mejoren las cosas.
Los aliados de Trump están discutiendo opciones de deportación y detención, con la visión de que abordar la cuestión de la frontera entre Estados Unidos y México sea prioridad desde el primer día. Una fuente familiarizada con los planes preliminares del equipo dijo a CNN que es probable que uno de los primeros objetivos sea expulsar a los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes temen que pronto los planes de deportación vayan más a fondo en las comunidades estadounidenses y afecten a personas que, según ellos, tienen derecho a vivir aquí.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), la organización de derechos civiles de los hispanos más antigua de Estados Unidos, está consiguiendo dinero y abogados para luchar contra lo que ya califica de posibles políticas de inmigración "viciosas, malévolas, crueles y despiadadas".
"No se equivoquen: las deportaciones masivas perjudicarán a los millones en la mira de Donald Trump, a las familias y comunidades de las que forman parte, y a cada persona en nuestro país. Arrancarán a los padres de sus hijos, destruirán negocios y medios de vida, y devastarán el tejido de nuestra nación y nuestra economía", dijo Juan Proaño, CEO de LULAC.
Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirma que su planificación de recursos legales ya está muy avanzada.
"Nos hemos estado preparando para un segundo mandato de Trump durante casi un año, con un enfoque en las políticas más draconianas posibles, incluida la amenaza de usar a las fuerzas militares para la deportación, lo cual es rotundamente ilegal", dijo Lee Gelernt, un abogado de ACLU que participó en muchos de los casos de más alto perfil durante el primer mandato de Trump. El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dijo que sus abogados también estaban listos.
"Continuaremos nuestro trabajo de proporcionar representación legal crítica a inmigrantes y refugiados, luchando para mantener a las familias unidas, defendiendo el acceso al asilo y abogando por el fin de la detención arbitraria y la deportación injusta", dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro, en un comunicado estadounidense..
¿Qué pasará ahora?
Cesar Espinosa, un líder de la comunidad hispana de Houston, dijo que ha recibido muchas llamadas y mensajes de personas preocupadas desde que Trump ganó la reelección el miércoles temprano.
"Podemos sentir la sensación de incertidumbre de mucha gente. Mucha gente se pregunta: ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos?", dijo.
Algunos forman parte de las llamadas familias de estatus mixto, compuestas por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados. Y el temor es que los no ciudadanos se conviertan en objetivo inmediato, dijo Espinosa, que es residente legal permanente, o titular de una "tarjeta verde". Dice que intenta calmar los temores diciendo que las deportaciones masivas, sobre todo de no criminales, llevarán tiempo. Mientras tanto, lleva la cuenta de cuándo podrá solicitar la naturalización estadounidense, para lo que aún faltan más de dos años.
Espinosa dijo que el machismo entre los hombres latinos puede haber contribuido al apoyo a Trump. "Desgraciadamente, mucha gente de la comunidad latina se ha creído la retórica de ser antiinmigrante, incluso los propios inmigrantes", dijo.
El apoyo de Jorge Rivas a Trump es evidente. En el menú de Sammys Mexican Grill, en Catalina, Arizona, al norte de Tucson, el restaurante que dirige con su esposa, Betty, figura una hamburguesa MAGA.
Rivas, nacido en El Salvador, obtuvo asilo a los 17 años, dice, y ve poca conexión entre su vida como inmigrante y los que encabezan la potencial lista de deportaciones de Trump.
"Si dejan entrar a cientos o miles de personas que ya tienen antecedentes penales, si deportarlos crea una deportación masiva, estoy a favor", dijo.
Aplicación federal
Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dos agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no están haciendo comentarios sobre posibles nuevas políticas o preparativos. Ambas serían fundamentales en cualquier plan de deportación, pero la cúpula directiva no cambiará hasta que el segundo gobierno de Trump comience su andadura el 20 de enero 2025.
Al Otro Lado de la Frontera
En tanto, al otro lado de la frontera de San Diego, en Tijuana, México, unas 3.400 personas esperan en refugios para migrantes, según José Luis Pérez Canchola, director de Asuntos Migratorios de la ciudad.
Muchos esperan entrar legalmente a EE.UU. utilizando la aplicación CBP ONE, gestionada por el DHS, para obtener una cita de inmigración, pero se teme que la aplicación pueda verse afectada, dijo.
"En caso de una cancelación masiva de citas y cierre de CBP ONE, lo que puede suceder es que muchos decidan cruzar ilegalmente la frontera antes de enero de 2025", dijo Pérez Canchola.
También hay preocupación en Piedras Negras, la ciudad mexicana al otro lado del río Grande desde Eagle Pass, Texas. "Hay miedo y temor", dijo la hermana Isabel Turcios, directora del albergue Frontera Digna, donde los migrantes también estaban usando la CBP ONE para obtener una cita con un agente de inmigración.
"Trato de calmarlos porque la ansiedad que sienten es muy grande", dijo.
