En conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso acciones inéditas del Gobierno de la Cuarta Transformación, entre las que destaca el diálogo que las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, llevan a cabo en centros penitenciarios con los involucrados a fin de conseguir información sobre el paradero de los estudiantes.
Por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles y 16 militares, entre los que se encuentran dos generales y un elemento de la Secretaría de Marina, hecho inédito en la historia de México.
Adicionalmente hay tres órdenes de aprehensión pendientes contra militares. En el sexenio, el número de encarcelados incrementó de 59 a 120 personas.
El presidente López Obrador precisó que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina apoyan la investigación con el objetivo de llegar a la verdad en este asunto de interés público. En calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, instruyó la apertura de archivos e información.
«Mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia; porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República», señala el mandatario en la misiva.
Desde el inicio del Gobierno de México, reafirmó, se destinaron recursos, tiempo y voluntad para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.
A lo largo de casi seis años de administración, la búsqueda en campo contempla la exploración de 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico necesario.
«Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras», refiere.
«Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos».
Sin embargo, señaló, no ha sido posible avanzar más porque López Astudillo, que permanece en la cárcel, no muestra voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene comunicación y contacto comprobado con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.
La federación, dijo, también promueve que personas procesadas o sentenciadas pueden acceder de manera directa a beneficios de la Ley de Amnistía si aportan elementos comprobables y útiles en la resolución de casos relevantes para el Estado mexicano, como lo es el de Ayotzinapa.
El segundo reporte sobre los jóvenes desaparecidos incluye la carta del presidente y anexos de la investigación; están disponibles en canales y plataformas oficiales del Gobierno de México para consulta de todo el pueblo, como parte del compromiso de transparencia.
“Es una información que antes no se daba a la mayoría de la gente, eran muchos los filtros y también en abono a las organizaciones independientes, no tenían acceso a los medios convencionales, había un control casi absoluto de los medios de información, de los periódicos, de la radio, de la televisión. Entonces, ahora ya hemos informado más sobre este caso”, afirmó.
En la misiva a familiares de padres y madres de familia con motivo de los diez años del caso Ayotzinapa, el titular del Ejecutivo federal expresó que «hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto».
Ante representantes de medios de comunicación confió en que, si el gobierno federal no esclarece este lamentable hecho, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emprenderá los esfuerzos necesarios para continuar esta misión.
El presidente recordó que el sexenio anterior pretendió dar carpetazo al caso construyendo la llamada ‘verdad histórica’. La versión, sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la presunta incineración de los jóvenes.
