Durante meses se han ido acumulando tensiones en México en torno a los planes para replantear ampliamente el poder judicial, lo que ha generado roces en los vínculos diplomáticos con Estados Unidos y conmocionado al sistema político.
Esta semana, las tensiones han estallado de manera abierta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que su gobierno estaba poniendo “pausa” a las relaciones con la embajada de Estados Unidos en respuesta a las críticas del embajador de EE. UU. en torno a la última cruzada de su sexenio presidencial.
“Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. “Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada”.
“-Pausa- significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, añadió López Obrador, y dijo que la pausa también se extendería al Departamento de Estado de EE. UU. En un posible intento de amortiguar las preocupaciones sobre el posible impacto en el comercio, López Obrador también dijo que las relaciones generales entre EE. UU. y México no se verían afectadas. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y hay crecientes preocupaciones y advertencias sobre el efecto de las reformas judiciales en la confianza empresarial y la economía.
López Obrador también anunció una pausa en las relaciones con la embajada de Canadá, después de que su embajador, Graeme Clark, expresó la preocupación de los inversionistas canadienses por la propuesta de cambios en el poder judicial.
No quedaba claro qué significaría en la práctica esta pausa con el Departamento de Estado y las embajadas. López Obrador no dio detalles. Pero el martes por la tarde, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, dijo en las redes sociales que la relación “con amigos y vecinos de Norteamérica es prioritaria y fundamental, y a nivel cotidiano sigue fluida y normal”.
La pausa de las relaciones diplomáticas con la embajada de Estados Unidos del presidente sucede luego de que, la semana pasada, el embajador estadounidense, Ken Salazar, calificó las propuestas de cambios al poder judicial como “un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”.
Salazar afirmó que las medidas podrían poner en riesgo la relación comercial con EE. UU. al erosionar la confianza en el marco legal de México y al envalentonar a los cárteles de la droga para que “se aprovecharan de jueces inexpertos y con motivaciones políticas”.
La crítica supuso un cambio brusco del enfoque conciliador que había mantenido en las relaciones con López Obrador. El gobierno de Biden, que necesita la cooperación de México para controlar los flujos migratorios, raramente ha criticado a López Obrador, y mucho menos lo ha hecho en público, y el presidente de México ha pedido a Estados Unidos que deje los asuntos internos del país en manos de los mexicanos. En un comunicado emitido el martes por la tarde, la embajada de Estados Unidos reiteró “su máximo respeto a la soberanía de México” y su “deseo de continuar con su estrecha colaboración con México”, pero indicó que “preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judifical ni fortalezca el poderl judicial del Gobierno de México”. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa y protegida de López Obrador, ha adoptado plenamente la iniciativa judicial del presidente.
“Hay esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del Poder Judicial”, dijo a los medios de comunicación el lunes. “Es al revés”.
La legislatura del Congreso de México, electa recientemente, podría empezar a votar la próxima semana sobre los cambios propuestos por López Obrador. Si se aprueban, todo el poder judicial pasaría de un sistema de nombramiento basado en gran medida en la formación y las cualificaciones especializadas a uno en el que prácticamente cualquier persona con una licenciatura en derecho y algunos años de experiencia podría presentarse a elecciones para convertirse en juez.
La medida podría obligar a más de 5000 jueces a abandonar sus puestos, desde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hasta los encargados de los tribunales de distrito locales.
Miles de jueces federales y trabajadores del poder judicial ya se han sumado a paros nacionales, y cientos de manifestantes salieron a las calles en más de 20 ciudades del país el domingo, con la esperanza de llamar la atención sobre lo que calificaron de ataque contra el poder judicial. Históricamente, los intentos de debilitar los tribunales se consideran indicio de que la democracia de un país está en riesgo. De acuerdo con los expertos, una vez que la independencia judicial sufre un golpe, los países pueden inclinarse rápidamente hacia la autocracia. En Polonia y Hungría, la represión de los tribunales ha facilitado a los dirigentes consolidar su poder. Recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu se enfrentó a protestas masivas cuando intentó impedir que los jueces anularan las decisiones del gobierno. (El intento lo anuló el Tribunal Supremo a principios de este año). López Obrador dice que los cambios son necesarios para evitar la impunidad y las sentencias que permiten que los narcotraficantes salgan libres. Pese a que el sexenio presidencial termina en octubre, el nuevo Congreso —en el que el partido gobernante, Morena, y sus aliados obtuvieron mayoría en ambas cámaras— todavía tiene un plazo de un mes, mientras López Obrador siga en el cargo, para aprobar la decena de cambios constitucionales propuestos, entre ellos el plan del presidente de elegir a los jueces y magistrados por votación popular.
