Las personas de la tercera edad merecen vivir en condiciones dignas; es una obligación del Estado garantizarles el acceso a los servicios de salud o de asistencia social, señaló Oscar Escobar Ledesma, diputado por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores.
Esta iniciativa contempla brindar transporte gratuito a los adultos mayores en condiciones de dependencia absoluta, en riesgo o desamparo para garantizar su asistencia a los servicios de salud o sociales que requieran, explicó.
"Es preciso que se implementen acciones institucionales que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos humanos, por lo que como un acto de justicia social, consideramos pertinente hacer esfuerzos gubernamentales, para que se dote de transporte adecuado y gratuito a las personas adultas mayores, que les permita asistir a recibir atención médica, psicológica, terapéutica o de otro tipo, por parte de los municipios o el estado".
Escobar Ledesma indicó que es impostergable comenzar a desarrollar políticas públicas y plasmarlo en la legislación para que impacten positivamente en las condiciones de vida de los adultos mayores.
"Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán contar con unidades de transporte adecuado para el traslado gratuito de las personas adultas mayores en condición de dependencia absoluta, en situación de riesgo o desamparo, a las instituciones públicas de salud o de asistencia social y a sus domicilios, por el tiempo que duren los tratamientos de salud, psicológicos, terapéuticos o de diversa índole que reciban, cuando así lo soliciten".
La ley contempla como dependiente absoluto a quienes padecen una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia. En situación de riesgo o desamparo son quienes por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno del Estado.
