Sostuvo que el gobierno federal no permite la devastación del territorio nacional a cambio de inversiones.
“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”, aseveró.
“Lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos. Puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio”, agregó.
La PROFEPA acudió en mayo de 2022 a verificar las actividades de la empresa y de manera preventiva colocó sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, acción que continúa vigente.
Ante representantes de medios de comunicación, el presidente relató que el Gobierno de la Cuarta Transformación impulsó el diálogo en todo momento a fin de lograr acuerdos con la empresa estadounidense incluso, dijo, se les propuso la compra del terreno afectado y las hectáreas de selva, sin embargo, rechazaron la negociación.
Recordó que la adquisición tenía el propósito de convertir el territorio dañado en un proyecto ecoturístico. Los terrenos de selva y manglar serían declarados como Área Natural Protegida (ANP).
“Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo. Todo esto, ojalá y lo puedan conocer los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, es una de las zonas más bellas del mundo, entonces empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio”, argumentó.
“Esto demuestra el doble discurso, la doble moral; cómo se aprueban leyes en Estados Unidos y en otras partes para cuidar el medio ambiente y se cometen estas atrocidades y luego amenazan de que ya no van a invertir como si se tratara de una cuestión legal, cuando lo que están haciendo es violando leyes, destruyendo el territorio, entonces vamos a seguir con lo mismo y ojalá y recapaciten”, añadió.
El presidente López Obrador anunció que los canales y redes sociales oficiales publicarán la carta que envió a Vulcan Materials Company en julio de 2023, además de la propuesta formal de compra de 2 mil 400 hectáreas con base en un avalúo justo.
De acuerdo con el video presentado en el Salón de la Tesorería durante la conferencia, Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, evadió el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación.
En 1986 mantenía una asociación con Calizas Industriales del Carmen (Calica), fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, por lo que se quedó como la dueña absoluta del negocio bajo la figura de una filial con el nombre de SAC-TUN.
La controversia de Vulcan Materials Company tiene origen en ese mismo año, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno de Quintana Roo entregaron a Calica el primer permiso para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de mil 200 hectáreas, denominado La Rosita.
El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico, es decir, fue un cheque en blanco para extraer material del país.
A fin de expandir las operaciones de su proyecto, en 1996 Calica obtuvo del gobierno de Quintana Roo un nuevo permiso para explotar pieza caliza por encima del manto freático en otros dos predios: El Corchalito y La Adelita, que suman mil 251 hectáreas de superficie.
El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la entonces Semarnap, que encabezaba Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza debajo del manto freático en los mismos predios.
Tras varias visitas de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Calica hizo un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas.
La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura del área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en el terreno.
El 3 de enero de 2019 la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle perdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Vulcan Materials acusa a los gobiernos de México, de Quintana Roo y de Playa del Carmen de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelo de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación por más de mil 500 millones de dólares.
