El camino rumbo a la federalización de la nómina educativa, poco a poco se va aclarando, aunque para tener mayor certeza se requiere conocer dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, de qué partida saldrá el pago a los maestros, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada local consideró positivo el avance que se tiene en la revisión de plazas que existen en Michoacán, en donde ya el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma ha informado sobre los hallazgos registrados y que se empatan con el diagnóstico que en su momento emitió el Gobierno de Michoacán.

    Lucila Martínez refirió que frente al colapso financiero que ha representado para Michoacán la carga educativa, es relevante que nuestra entidad se convierte en punta de lanza para la atención federal a este problema que aqueja a muchos estados de la República.

    La legisladora recordó que en un lustro que va de 2008 a 2013, Michoacán dejó de recibir alrededor de 4 mil 180 millones de pesos derivado de la reforma laboral Ley de Coordinación Fiscal, que en 2008 modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica, y por la expedición del Acuerdo Nacional para el programa de Carrera Magisterial, lo que obligó al estado a cubrir esos compromisos con recursos propios.

    “El planteamiento que desde Michoacán se ha venido encabezando para concretar la federalización educativa, no es un capricho, es una demanda justa frente a una medida injusta que se aplicó a partir de 1992 cuando se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, dijo la legisladora.

    Subrayó que la carga educativa para el Estado frente al abandono presupuestal que poco a poco aplicaron administraciones federales, ha venido propiciando una situación de inviabilidad financiera para el estado, sacrificando diversas áreas de desarrollo para poder dar atención al sector educativo.

    Por ello consideró positivo los signos que se observan para cristalizar la federalización de la nómina educativa, lo que permitirá a Michoacán retomar el rumbo que merece a partir de oxigenar sus finanzas.