En el evento realizado en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia de la SCJN; Lucía Baltazar Rendón, titular del Juzgado Segundo Civil de Pátzcuaro, hizo una reseña del amparo en revisión relativo al artículo 33, fracción IV bis, de la Ley General de Educación, mismo que estipula “fortalecer la educación especial y educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad”. La jueza puntualizó que se determinó la inconstitucionalidad debido a que se debe regular y garantizar el derecho a una educación inclusiva, en la que todos estudien con independencia de sus capacidades.
Ante los más de ochenta asistentes que se dieron cita en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia del Centro Histórico, Stephen González Martínez, asesor de Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación, habló sobre la obligación del Estado de implementar y hacer tangible la educación inclusiva, misma que se logra con cuatro vertientes: asequibilidad, es decir, con la creación de los espacios; accesibilidad, hacer efectivo el derecho; adaptabilidad, que las escuelas atiendan las necesidades de cada estudiante; y la aceptabilidad, que asegura la comunicación a través del idioma del alumnado.
Por último, Sandra Guadalupe López González, abogada litigante y promotora de los derechos de las personas con discapacidad, reiteró que además de la obligación del Estado por asegurar la inclusión, la ciudadanía tiene la responsabilidad de conocer sobre estos temas significativos, como son los derechos humanos. Asimismo, expresó la importancia de un sistema de comunicación más eficiente, que cuente con profesores y familiares capacitados y libros de texto adaptados a cualquier necesidad, entre otros aspectos.
Con estas actividades, el Poder Judicial de Michoacán acerca a servidores públicos, estudiosos del derecho y estudiantes, herramientas que abonan a la reflexión y sensibilización de los derechos de las personas con alguna discapacidad.