-El titular de la FECC, Alejandro Carrillo Ochoa, entregó dicho documento ante el Congreso del Estado y al Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
A cinco años de haberse creado, la Fiscalía Estatal Anticorrupción avanza con pasos firmes, al contar con autonomía técnica y operativa respecto al desarrollo de sus responsabilidades y como parte de la estructura administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, señaló Alejandro Carrillo Ochoa, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en el marco de su quinto Informe de Acciones y Resultados 2022-2023.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), este día, el Fiscal Estatal Anticorrupción presentó dicho documento que contiene el estado que guarda la Fiscalía Especializada a su cargo, destacando el compromiso de cumplir con lo que mandata la ley, y dar certeza a la ciudadanía respecto a su obligación para que todo acto relacionado con hechos de corrupción sea investigado, perseguido y sancionado.
El documento, fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, quien destacó la importancia de cumplir con lo que estipula la Ley en cuanto a la rendición de cuentas, pero dijo que es aún más importante cumplirle a las y los michoacanos quienes están interesados en conocer el trabajo de sus autoridades.
El informe, también fue presentado a las y los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezados por Víctor Hugo Vieyra Avilés, quien agradeció y reconoció el trabajo realizado por esta Fiscalía Especializada.
Ante el Comité, Carrillo Ochoa, explicó que en el año que se informa se dio atención a 1 mil 377 usuarios (449 mujeres y 928 hombres) y se iniciaron 169 carpetas de investigación, a las que se sumaron 102 iniciadas en el año anterior, siendo un total de 271 carpetas de investigación, arrojando un incremento del 15.3 por ciento con respecto del anterior ejercicio.
Informó también que la incidencia delictiva de este periodo con mayor recurrencia fue: uso ilícito de atribuciones y facultades, negación del servicio público, peculado, abuso de autoridad, cohecho y delitos cometidos por servidores públicos; además explicó, que se investigan a 191 servidores públicos, 77 del Poder Ejecutivo, seis del Poder Legislativo, siete del poder Judicial, 19 de organismos autónomos y 82 de ayuntamientos.
Explicó que dentro de este periodo se han investigado de igual forma a seis personas físicas, y fueron sujetos de investigación seis personas morales.
