-Los libros de texto gratuitos incumplen esa función
Garantizar una verdadera educación de calidad a los estudiantes del nivel básico debe ser prioridad para todos, así que los libros de texto gratuitos deben detenerse, en tanto se da la resolución judicial, debido a los errores que contienen e incumplen la función de ser el material para desarrollar conocimientos en nuestros niños, indicó Toño Carreño Sosa.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano aclaró que no se trata de un tema político, sino de garantías de que niños y niñas tengan los materiales adecuados para su aprendizaje óptimo. Así que exhortó a la Secretaría de Educación en el Estado, a frenar la distribución de los libros, en tanto se da la resolución judicial.
Por lo que se conoce, agregó, los libros ya se encuentran en bodegas de las distintas zonas escolares de Michoacán, listos para ser entregados a los pequeños en este mismo mes, pese a los errores que se han detectado en los mismos.
Toño Carreño indicó que son varios los ejemplos que se pueden mencionar en cuanto a las deficiencias que incluyen los textos, como la fecha del nacimiento de Benito Juárez.
Por lo anterior, invitó al gobierno estatal a fijar una postura al respecto, sin anteponer los intereses políticos o partidistas, sino demostrando que su verdadera prioridad es la calidad en la educación de los niños y las niñas de Michoacán.
Ante ello, celebró que distintos gobiernos estatales, como el de Jalisco, ya se hayan pronunciado y negaron la posibilidad de hacer entrega de los libros de texto gratuitos, precisamente por los errores ya detectados.
En Movimiento Ciudadano, agregó el coordinador estatal, sí queremos niños y jóvenes bien preparados, que tengan la capacidad de pensar y razonar; que sepan de matemáticas, que conozcan bien la historia de nuestro país, que tengan certeza en la conformación de nuestro sistema solar y que adquieran los conocimientos de acuerdo con su edad.
Finalmente, Toño Carreño insistió en la necesidad de que se frene la distribución, en tanto se cuente con la resolución judicial correspondiente y en caso de ser positiva, el gobierno federal recurra a especialistas para la redacción de los contenidos.
