- Ley de Movilidad se creó con base en 5 foros, donde todos los sectores tuvieron voz y voto
La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, que ordena la movilidad como un derecho humano, se construyó mediante un parlamento abierto donde todos los sectores involucrados tuvieron participación, sin excepción alguna, sostuvo la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Julieta García Zepeda.
En la antesala de la votación de la Ley de Movilidad, García Zepeda recordó que, previo a legislar en la materia, se realizaron más de 80 mesas de trabajo por parte de la comisión que preside, así como cinco foros de participación ciudadana en 9 cabeceras municipales, con la finalidad de diseñar un esquema de movilidad acorde a las necesidades del estado.
“Todos los sectores involucrados en la nueva Ley de Movilidad tuvieron participación, no existió exclusión alguna. El interés del Congreso siempre estuvo enfocado en atender las necesidades de todas y todos los michoacanos, mediante la creación de un sistema de movilidad incluyente”, remarcó.
Con respecto a las bondades de esta nueva Ley de Movilidad, Julieta García resaltó que se plantea la creación de un Fondo para el Mejoramiento del Transporte, a través del cual se pretende potenciar el servicio que ofrece el sector transportista con créditos ajustados a sus posibilidades.
De acuerdo con el dictamen de la Ley, dicho fondo se creará con el 1.5 por ciento del cobro que se recaudará por cada viaje que realicen las unidades adheridas a plataformas digitales, que también serían reguladas, en caso de que se establezca esta nueva legislación.
A su vez, se plantean nuevos sistemas de transporte masivo, como el Metrobus y el Cablebus, lo que permitirá facilitar la movilidad en urbes donde el tránsito vehicular comienza a ser un problema para la ciudadanía.
Bajo estos argumentos, la diputada presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes reiteró que esta nueva Ley busca hacer de la movilidad en el estado, un sistema incluyente donde todos los sectores de la población puedan ser considerados, es decir, reconocer la movilidad como un derecho humano.
