En el marco de la estrategia de seguridad y procuración de justicia, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez, presentó un balance de los resultados obtenidos por la institución de enero a octubre de 2026, durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla.

Entre los principales indicadores, Vega Rodríguez destacó que, en los primeros diez meses del año, la Fiscalía logró la detención de 3 mil 597 personas, así como el cumplimiento de mil 330 órdenes de aprehensión y la ejecución de mil 21 cateos, resultado de las labores de investigación, inteligencia y seguimiento de las denuncias.

En el combate al secuestro y la extorsión, informó que en lo que va del año se han obtenido 67 sentencias condenatorias por estos delitos, de las cuales 58 corresponden a secuestro y nueve a extorsión. 

Asimismo, resaltó los avances en el combate a delitos de alto impacto. En el comparativo de octubre de 2025 con el mismo mes de 2026, el homicidio doloso registró una disminución del 40.36 por ciento en el número de víctimas, al pasar de 109 a 65. En cuanto a los eventos, estos disminuyeron de 89 a 49.

Respecto al cumplimiento de órdenes de aprehensión por extorsión, se cumplimentaron 12 órdenes durante octubre del presente año.

De igual manera, en el periodo comprendido de noviembre de 2025 a octubre de 2026, la FGE reportó 381 personas detenidas por homicidio, 55 por extorsión y 94 por secuestro, como resultado de las acciones de investigación y persecución de estos delitos.

En cuanto al combate a las actividades ilícitas, la Fiscalía informó el aseguramiento de mil 160 máquinas tragamonedas durante los primeros diez meses de 2026, como parte de las intervenciones realizadas en distintos puntos de la entidad.

Finalmente, el Encargado del Despacho de la FGE destacó que los resultados presentados reflejan el trabajo sostenido de las áreas ministeriales, policiales y periciales, así como la importancia de fortalecer las investigaciones para obtener datos de prueba que permitan llevar ante la justicia a quienes probablemente hayan participado en hechos delictivos.